La Defensoría General porteña denuncia que el operativo del 8M "fue irregular"

La Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Corti, presentará ante la Justicia una serie de imágenes que muestran el accionar policial durante la noche del miércoles 8 de marzo, luego de que se concretara una masiva movilización de mujeres –en el marco de una medida de fuerza internacional, en el Paro Internacional de Mujeres- en la que se manifestaron en contra de la violencia machista y por la igualdad de género. “Todo el operativo fue irregular”, afirmó el funcionario, ya que no se conoce quién dio la orden para iniciar el procedimiento ni qué protocolo de actuación implementaron, entre otros puntos.

Según consigna el diario Página 12, las fotografías y la denuncia serán presentadas en la causa que investiga por “apremios ilegales” a efectivos de la policía de la Ciudad tras la razzia desatada dos horas y media después de terminada la marcha concretada en el centro porteño.

Esa noche, el violento operativo llevado a cabo por efectivos sin identificación, e incluso algunos sin uniforme –vestían de civil-, terminó con una veintena de personas detenidas. Pero, además, entre ellas hubo dos trabajadoras del organismo que fueron apresadas durante el procedimiento. Por eso, desde la Defensoría solicitaron al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, que abra una exhaustiva investigación del violento operativo y pidieron que se garantice que los sumarios administrativos sean realizados con perspectiva de género y que se haga público el protocolo de actuación para manifestaciones públicas.

Corti también pidió al Ministro del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, que en su carácter de máximo responsable de la seguridad pública local, de inmediato ponga a disposición de la Defensa Pública información sobre los responsables y participantes del operativo (en particular, si vestían o no uniformes y portaban identificación clara); el protocolo de actuación utilizado; la tarea de supervisión llevadas adelante por el Jefe de la Policía de la Ciudad; la realización de investigaciones por parte de la Oficina de Transparencia y Control Externo y la ejecución de sumarios administrativos; y la cantidad de detenidas y sus datos personales.

En relación con esas personas, requirió además que se informe cuál fue la autoridad que dispuso su detención; si se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales; qué tipo de requisa se realizó a las detenidas y dónde se las alojó; quiénes intervinieron en estas tareas; quiénes fueron testigos de las detenciones de las empleadas judiciales; y, por último, quién fue el funcionario que suscribió sus actas de detención.

Asimismo, el Defensor denunció que las dos empleadas del organismo fueron detenidas en forma violenta, privadas de su libertad durante más de ocho horas, retenidas en un camión de traslado durante más de cuatro horas sin acceso a los sanitarios y luego acusadas de atentado, resistencia contra la autoridad, daños y lesiones. Tampoco se respetó, según destacó, “la manda procesal que establece que en el momento mismo de la aprehensión, el personal policial actuante le hará saber a la persona detenida, entre otras cosas, los motivos de la misma y la autoridad que la dispuso”.

“Este accionar del personal de la Policía de la Ciudad viola el deber de asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su custodia”, subrayó Corti.

Por otra parte, afirmó: “Siendo deber del Ministerio Público velar por la observancia de los derechos humanos en los establecimientos y lugares de detención de personas, denunciamos que las personas detenidas refieren tratos denigrantes al momento de ser alojadas en la Alcaidía, sumado el habérseles impedido leer la documentación que se les hiciera firmar estando privadas de la libertad”.

La causa por presuntos “apremios ilegales” contra los policías tramita en el juzgado de Instrucción N° 59 e interviene la fiscal N° 59. El miércoles se incorporó al expediente el dictamen que elaboró la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), luego de escuchar el testimonio de varias de las jóvenes arbitrariamente encarceladas.

El informe, en la misma línea que el planteo del Defensor Público de la Ciudad, confirma que las detenciones fueron groseras privaciones de libertad, que se llevaron adelante con violencia, que no tenían conexión con los hechos ocurridos frente a la Catedral dos horas y media antes, que las detenidas fueron sometidas a requisas que son ilegales en las cárceles desde 1984, como exponer a las personas a desnudez total, obligarlas a regresar a las celdas sin poder cubrirse y hacerlas agachar para revisarle las nalgas. Además, las detenidas recibieron agresiones verbales y discriminatorias atravesadas por expresiones de machismo y lesbofobia.