CIUDAD

Habría un principio de acuerdo para postergar el desalojo de Casa Santa Cruz en Parque Patricios

Las casi 500 personas que viven en el edificio de Parque Patricios aguardan una respuesta del juez. De confirmarse el acuerdo, habrá cinco días de espera y en una mesa de negociación.

Las más de 100 familias, nucleados en la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco, que viven Casa Santa Cruz, en una fábrica abandonada en los 90s (y convertida en viviendas) en Parque Patricios, realizaron una vigilia ante el inminente desalojo de edificio que se iba a realizar hoy. Si bien la Policía de la Ciudad preparó un mega operativo, este fue suspendido y se espera la confirmación del juez para postergarlo.
 
Según informó a Télam la representante de las familias, Iliana Llanos, el entendimiento -que espera ahora el aval del juez- fue alcanzado en el marco de una negociación en la que intervinieron oficiales judiciales, representantes del Gobierno porteño y de las familias, y el Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Cerca de las 10:30, las familias y otras personas que se congregaron en el lugar para resistir el desalojo aguardaban una respuesta del juez nacional de Primera Instancia en lo Civil número 60, a cargo de Fernando Cesari,
 
La denominada Casa Santa Cruz se encuentra ubicada en la calle Santa Cruz 140 del barrio porteño de Parque Patricios, y allí viven actualmente unos 350 adultos y más de 100 niños, niñas y adolescentes.
 
"Estamos tratando de confirmar una mesa de diálogo, sabemos que hubo otras, pero vamos a intentar que está funcione, donde estarían el gobierno de la Ciudad que es la primera responsable de resolver el problema habitacional, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que el juez vea que hay garantías para poder levantar el desalojo o suspenderlo o que pueda hacerse de forma escalonada. Las familias quieren vivir dignamente", aseveró la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.
 
"Los niños viven acá, van a las escuelas de la cercanía, les falta poco para terminar la escuela. ¿Dónde van a ir esos nenes? Yo, como defensora de los derechos de NNyA, no voy a permitir que los niños y las niñas vayan ni a un parador ni a un hotel. No son condiciones dignas. Vamos a tratar de impedir que se haga el desalojo en estas condiciones", expresó la funcionaria nacional.
 
Asimismo, el diputado nacional Itaí Hagman (Unión por la Patria) manifestó que este conflicto es de "larga data", y que "ya hubo otros intentos de desalojos del edificio". "Lamentablemente siempre pasa lo mismo. Esta es la única respuesta que hay del Estado, en este caso a través del Poder Judicial pero también del gobierno de la Ciudad es el desalojo, cuando lo que se está reclamando es una solución habitacional a las más de 100 familias", afirmó.
 
Por último, Hagman sostuvo: "Uno esperaría que un gobierno, en lugar de mirar cual es el negocio que puede hacer un privado, piense en cómo se resuelve la situación habitacional. La idea es evitar que hoy se dé el desalojo y abrir una mesa de negociación para intentar de buscar una solución".
 
En tanto, la legisladora porteña del Frente de Todos, Berenice Iañez, aseguró: "En los trece años del juicio de desalojo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ofreció ni acercó ninguna solución definitiva para garantizar la vivienda digna de las familias que hoy viven en la Santa Cruz. Frente a la ausencia de una propuesta y la resolución del juez que planteó el desalojo estamos acompañando a las familias"
 
"Las familias hicieron todo lo que se les fue pidiendo: se constituyeron como cooperativa, se inscribieron para la 341, para la autogestión para la construcción de vivienda. Siempre presentaron vocación de querer contribuir en la solución del problema", opinó.
 
Su par María Bielli también expresó: "Esperamos que haya voluntad de resolución. Creo que esta es una política sistemática del gobierno porteño de abandonar a su suerte a todos aquellos y aquellas que lo que reclaman es una solución habitacional definitiva en una ciudad que se encargó de expulsarlos. Esto es una muestra más de cómo se prioriza la especulación y el negocio inmobiliario por sobre el derecho básico elemental al acceso a la vivienda".


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