Presentan la Campaña Nacional para una Reforma Judicial Feminista: “Es urgente”

Hoy, a las 18, lanzan la Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista en la Federación Gráfica Bonaerense, unicada en Avenida Paseo Colón 731 en el barrio de Monserrat de la Ciudad de Buenos Aires. Organizaciones feministas, sindicales, sociales y de derechos humanos estarán presentes para impulsar este gran cambio en el poder judicial.

En un comunicado indicaron que el objetivo es “visibilizar el actual e indebido desempeño de la justicia en Argentina”, exponer a los jueces que reproducen prácticas y lógicas patriarcales y exigir una justicia “con perspectiva interseccional, anti-punitivista, de integración latinoamericana, de respeto e integración a los pueblos originarios y en clave de derechos humanos”.

"Las denuncias por mal desempeño a jueces y juezas patriarcales, la falta de regulaciones que preserven la vida de mujeres, infancias, adolescencias y diversidades, su revictimización, la criminalización tanto de mujeres y madres protectoras como de personas del colectivo LGBTIQ+, la ausencia de perspectiva de género en procesos y sentencias del poder judicial, la corrupción y complicidad patriarcal en el sistema de justicia, nos llaman a organizarnos de manera urgente a lo largo y ancho de todo nuestro país", agregó el comunicado.

Y continuó: "Este Poder Judicial se esconde detrás de sus cargos vitalicios y detrás de sus exenciones impositivas; privilegios que alejan a sus funcionarios/as/es de las realidades del pueblo, especialmente de las de las clases populares, lo que vemos en las decisiones tomadas a espaldas de la sociedad y en contra de los intereses de las mayorías. La distancia y ajenidad entre los/las/les operadores de justicia y quiénes vamos a reclamar por nuestros derechos fomentan la desconfianza. A esto se suma el críptico lenguaje de los tribunales, los tiempos prolongados para tomar decisiones y la presencia de fuertes estereotipos de género, que se agravan al combinarse con factores de clase y raza, y hacen que hoy el Poder Judicial sea aquel en el que menos confía la ciudadanía".

Según consignó Infonews, actualmente se encuentra vigente la Ley de Ingreso Democrático que el Ministro Público, Fiscal y de la Defensa implementaron en sus áreas. No obstante, el Poder Judicial "nunca reglamentó la ley, porque de hacerlo ¿dónde trabajarían los hijos e hijas, sobrinos y hermanas de los magistrados y magistradas sino podían darle un cargo en su fuero?", cuestionaron.

Además, apuntaron directo a la Corte Suprema de Justicia a quien calificaron como la “máxima expresión de este escenario” que está “encabezado por cuatro varones blancos, cis, hererosexuales, propietarios, cuyos fallos reproducen discursos jurídicos machistas, racistas y clasistas”.

“Estas figuras son las responsables de la proscripción de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la persecución política a referentes, entre ellas mujeres dirigentes y periodistas feministas. Además, son el poder ejecutor del lawfare en nuestro país, utilizado para adoctrinar, disciplinar y amedrentar a las figuras políticas que desafían al poder económico y promulgan medidas en favor del pueblo”, advirtieron.

“Este preocupante diagnóstico colectivo respecto del mal funcionamiento del sistema de justicia, las dificultades en el acceso a la justicia de mujeres, diversidades e infancias y la utilización del Poder Judicial para atacar la democracia nos ha llevado a organizarnos, convencidas de que es momento de actuar”, aseguraron.

Las propuestas 

En el comunicado se detallaron las propuestas que se elaboraron en base a los diferentes debates que se construyeron desde el año 2021 con distintos sectores de la sociedad civil, el ámbito académico y de la vida política:
Remoción por Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Exigir a la CSJN la reglamentación y cumplimiento de la Ley de Ingreso Democrática en todo el Poder Judicial. Aumento en el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Implementar la paridad de género en la integración de los Superiores Tribunales Provinciales y las Cámaras de Casación Nacionales, Provinciales y Federales. Cumplimiento efectivo y actualización periódica de la Ley Micaela (27.499/2019) para todo el personal del sistema de justicia. Implementación de la Ley de Ingreso Democrático (26.861/2013) al Poder Judicial. Evaluación en perspectiva de género, con una mirada en clave de derechos humanos, como criterio esencial para la elección de nuevas personas en cargos de la magistratura. Creación de un Observatorio Popular y Feminista que de seguimiento al desarrollo de la gestión de autoridades del sistema judicial. Implementación de sanciones a jueces, juezas, defensores/as y fiscale/as que no apliquen la normativa internacional con perspectiva de género, y la escucha activa a mujeres, infancias y diversidades. Cuidado a las infancias como principio básico en el proceso judicial: basta de revinculación entre abusadores e infancias y/o adolescencias. Adopción de medidas de acción urgente frente a las denuncias por violencia de género en cualquiera de sus formas. Condena social y jurídica a la violencia política, mediática y simbólica contra todas las militantes y referentes políticas que luchan contra el poder real. Obligatoriedad en la integración de mesas de trabajo territoriales con equipos técnicos interdisciplinarios. Mejoras en el servicio de justicia. Descentralización tribunalicia, escucha activa, lenguaje claro y espacios de cuidados para feminidades, infancias, adolescencias y disidencias. Más y mejor formación profesional a futuro/a/es abogado/a/es con más y mejor práctica profesional. Articulación amplia con sindicatos, organizaciones feministas, movimientos sociales y compañeras de todo el país en pos de generar la mayor adhesión posible a nuestra Campaña, a efecto de ampliar a más demandas y reclamos. Articulación con las juntas comunales y los consejos consultivos comunales de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de fortalecer y mejorar los espacios de abordaje de mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia por motivos de género. Centralización de la información de progenitores susceptibles de ser demandados por cuota de alimentos.