PÉRDIDA DE DERECHOS

La Ciudad desmanteló las dos únicas consejerías fijas de salud sexual y reproductiva

Dependían del programa Chau Tabú, que brindaba asesoramiento sobre métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual y realizaba seguimiento de pacientes en sedes de Lugano y Recoleta. Los trabajadores denunciaron que el cierre implica la pérdida de un trabajo de años.



Las dos únicas consejerías fijas de la Ciudad en materia de salud sexual y reproductiva fueron desmanteladas por el gobierno porteño. Funcionaban en los barrios de Recoleta y Lugano, y allí se entregaban anticonceptivos y otros insumos, además de realizarse seguimiento a los pacientes en el marco del programa Chau Tabú. Los trabajadores denunciaron que el cierre implica la pérdida de un trabajo de años. La oposición ya presentó un pedido de informes.

Chau Tabú depende de la Dirección de Políticas de Juventud del gobierno porteño. En la primera semana de diciembre, los responsables del área habían comunicado a los psicólogos y médicos que trabajaban en las dos dependencias que se cerrarían a fin de mes. Pero, según denunciaron, el desmantelamiento se concretó dos semanas antes de lo previsto, sin recontratar a los profesionales que habían optado por seguir en otras dependencias móviles del programa y sin dar tiempo a derivar a los pacientes que se atendían en Recoleta y Lugano ni resguardar sus historias clínicas.

 “El problema es que el cierre implica informar a quienes se atendían a dónde van a ser derivados, qué se va a hacer con las historias clínicas y toda una labor de traspaso a los Centros de Salud que no se pudo realizar”, advirtió uno de los trabajadores al diario Página 12. Y contó: “Nos dijeron que piensan nuestros contratos como recursos y que iban a disponer de ellos en otros espacios. Y nos ofrecieron pasar a dar talleres, trabajando una hora menos, y con un 25 por ciento menos de sueldo. Somos un equipo chico, de nueve personas. La mayoría decidimos no continuar, pero tres optaron por seguir. Sin embargo, el jueves 14 nos comunicaron que al día siguiente se cerraban los centros. Y el mismo 15, la coordinadora le comunicó a quienes habían decidido continuar que nos les renovaban el contrato”.

La legisladora Victoria Montenegro, de Unidad Ciudadana, elevó un pedido de informe al gobierno de la Ciudad y resaltó que “el Estado no puede retirase, evaporarse, después de haber consolidado políticas territoriales sin dar explicaciones. Podemos entender que se trasladen a otro lugar mejor, pero no es el caso y, además, las Consejerías móviles no cumplen la misma función de seguimiento y provisión de insumos”. Al respecto, uno de los trabajadores de las consejerías fijas desmanteladas contrastó que, en las dependencias móviles, “ los profesionales brindan talleres pero no dan insumos, ni hacen seguimientos de pacientes, ni llevan historias clínicas, todo ese trabajo que se hizo durante años, desaparece”.

Montenegro hizo además un requerimiento, en el marco de la ley de acceso a la información, para que la Vicejefatura de Gobierno, encabezada por Diego Santilli y de la que depende la Dirección de Políticas de Juventud, informe “qué pasará con la política pública desarrollada desde las Consejerías, indicando qué dependencia llevará a cabo la misma desde el 15 de diciembre del presente año; cómo se garantizará la atención en las zonas en las que funcionaban las Consejerías y en las zonas aledañas; de qué manera se garantizará la atención de estos/as consultantes”.

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