OPINION

Universidad docente porteña

Las políticas del gobierno porteño, en materia educativa, no dejan de sorprender en iniciativa. Es presumible pensar que las autoridades del Ministerio de Educación se encuentran en una tarea cuasi evangelizadora de los principios sobre los que fundamentan cada propuesta: innovación y calidad.

Matias Segreti
Lamentablemente, para el lamento de miles de docentes, niños, niñas y familias, mientras se insiste en estos dos principios "que todo orienta", se omite en los discursos oficiales las obligaciones estatales que tiene el gobierno sobre la efectivización derechos. Sin duda, la densidad de los derechos incumplidos es mucho más compleja de abordar que el impulso de la innovación y la calidad, como programa de un gobierno asentado sobre los principios regulatorios del mercado.

Resulta que no siempre que se tiene una iniciativa se es innovador, y no siempre que la presentación es "marketinera" la calidad es una consecuencia irremediable. El finlandiacentrismo que profesan los funcionarios del Ministerio de Educación porteño, que intenta comparar nuestro sistema público de gestiones privadas y estatales, con el del país nórdico que es 100% estatal y que no padece las condiciones materiales y objetivas que sí tiene el nuestro, es obsoleto.

En la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas porteñas no cuentan con los materiales de calidad que solicitan las maestras para sus proyectos escolares; sus paredes, techos y estructuras se encuentran en gran parte dañadas; sus alumnos/as a veces se encuentran en una situación de vulnerabilidad de derechos y desprotegidos por un estado que ha desfinanciado el sistema de protección; el salario obliga a los docentes al trabajo en doble turno mientras se incrementa la exigencia social sobre la atención personalizada; se desvaloriza la escuela estatal de formación docente;  se observa un creciente subordinamiento de las tareas pedagógicas de las conducciones escolares a las requeridas tareas administrativas; se incrementa la exigencia normativa del cumplimiento con el currículo y la obligación ética de atender a los niños, niñas y jóvenes que no cuentan con otra institución, que la escuela pública.

Ahora bien, ¿Por qué una universidad docente?

En principio, hay que advertir que cualquier iniciativa que tienda a contribuir a "mejorar" la formación de los/as docentes, probablemente sea acompañado por grandes sectores de la ciudadanía. "La buena intención" de construir una propuesta que atienda las demandas y expectativas de la sociedad en términos educativos, es bienvenido. La cuestión es que la recepción debe ser cautelosa, sobre todo por el programa educador que manifiesta el gobierno. No podemos olvidar la declaración del presidente Macri, en alusión a la formación superior " “¿Qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura”. Esta esquizofrenia gubernamental nos obliga a estar alertas.

Uno de los fundamentos para esta iniciativa es la carencia de docentes para cubrir cargos docentes. Según Horacio Rodríguez Larreta  "Los jóvenes no quieren ser maestros aunque la docencia es la profesión del futuro". Hay que decir que la apelación "al futuro", siempre está presente para omitir el delicado presente.

 En este sentido, tanto el sindicato UTE-CTERA, como el gobierno porteño, han alertado esta situación, aunque encuentran diferentes respuestas para resolver este problema.

Desde el sindicato sostienen que "cuando desde el poder ejecutivo, tanto nacional como de la ciudad se castiga salarial y simbólicamente a la docencia, las consecuencias no pueden sorprender a nadie (…) el problema tiene solución, además de aumentar el salario docente se debe invertir en el presupuesto educativo, que en la ciudad se reduce sistemáticamente, para mejorar las condiciones de trabajo, de enseñanza y de aprendizaje".

El otro fundamento es el desprestigio del trabajo docente, que presuntamente se revierte con una formación universitaria. Desde este lugar nos cabe preguntar dos dimensiones del "desprestigio". La primera tiene que ver con la crisis de las instituciones modernas que construyen y transmiten conocimiento, y la erosión de la autoridad que conserva el poder del conocimiento en una sociedad hiperconectada que difunde horizontalmente saberes.

La segunda cuestión son las decisiones de este gobierno, de demonizar a los/as trabajadores docentes cuando reclaman por políticas educativas integrales que impacten en la calidad del sistema; y avanzar contra los derechos adquiridos, como  la paritaria nacional y el régimen jubilatorio docente. Desde el gobierno y los medios que entablan alianzas en la reproducción de estos mensajes, hay una construcción de la figura docente como responsables del éxito o fracaso de la educación, e incluso de otros problemas sociales. Todas estas acciones contribuyen a desjerarquizar el rol del docente en la sociedad, responsabilizando sujetos y eludiendo obligaciones del estado.

Un tercer fundamento es el financiero. Según  voceros del ministerio, los institutos de formación docente provocan gastos. Y la creación de una nueva institución ordenaría la inversión. Lo cierto es que esta motivación económica es la misma variable que sostenidamente viene realizando el gobierno porteño en el presupuesto destinado a educación, es decir: el ajuste.
Es necesario decir que la oferta universitaria no garantiza, empíricamente, una formación más atractiva y convocante, que los/as estudiantes terminen en los tiempos planificados desde un ministerio y que los problemas educativos contemporáneos se resuelvan.

La propuesta de universidad como está planteada desde el ministerio, provoca un avance contra órganos de cogobierno institucional, y una modificación de situaciones contractuales que generan "incertidumbre". Palabra venerada por el electo senador Bullrich.

A priori, esta propuesta de universidad solo justifica el cumplimiento de "innovar" en la regulación de la formación docente, atentando incluso contra derechos adquiridos, sin que esto resuelva la cuestión de la calidad y la resolución de los problemas vigentes.

Alentamos a la creación de más instituciones universitarias, sobre la base de la democratización del conocimiento. Pero advertimos el uso político de un gobierno que anuncia mejoras por un lado y castiga permanentemente por otro.

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