POLÍTICA

Larreta busca achicar el gasto público y apunta a la oposición

El jefe de Gobierno porteño busca "dar el ejemplo" en el recorte de gastos de la política. Como primera medida, ya removió a dos dirigentes de Lousteau.


La jefatura de Gobierno porteño ya tiene organizada la agenda para reducir una estructura gubernamental que, entre 2014 y 2015, último año de gestión macrista, creció 3,7%, pasando de 165.000 a 171.000 empleados aproximadamente, y que en el primer año de Larreta subió 0,7% hasta superar los 172.000 cargos públicos, según datos del Ministerio de Trabajo.

Luego de sendas auditorías y el decreto de hasta 20 modificaciones en los ministerios porteños en lo que va del año, en las últimas semanas, desde el Ejecutivo porteño se sumó la decisión de ir a un achique de los organismos descentralizados, entre los que figuran las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado.

Las miras, por ahora, están puestas en la oposición, como parte de los acuerdos políticos pensados al asumir el Gobierno, en diciembre de 2015. En esa línea, y tras el nuevo equilibrio de fuerzas que dejaron las elecciones, Larreta decidió cortar todo gesto hacia Evolución, el espacio político de Martín Lousteau.   La primera víctima fue el presidente del Consejo Económico y Social (Cesba), Federico Saravia, ladero del titular del comité capital de la UCR, Emiliano Yacobitti, corrido poco después de las elecciones de octubre. Ayer se le sumó Luis Cabillón, uno de los directores de la Corporación Buenos Aires Sur.

Otras figuras cuya continuidad está en duda son el segundo síndico de AUSA, Gonzalo Gorbea, hermano de la legisladora Inés Gorbea, de Lousteau, y el integrante de la comisión fiscalizadora de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), David Gabriel Escobar, alineado con el legislador socialista Roy Cortina.

En Parque Patricios miran con atención la cúpula de la Corporación Puerto Madero, con salarios de $ 150.000, más gastos de representación. Allí creen que pueden actuar. También apuntan a la Auditoría y la Defensoría, pero allí solo pueden avanzar con aval legislativo.

Otros organismos que podrían verse afectados son el Instituto de la Vivienda (IVC), la corporación Mercado Central, Acumar, Ceamse, AGIP, el Ente de Turismo, la Obra Social estatal (Obsba) y el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.  

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