REFORMA EDUCATIVA

Toma de colegios: según el fiscal, los padres pueden tener "responsabilidad penal"

"Nosotros tenemos varias causas iniciadas, por lo que entendemos será la posible comisión del delito de usurpación", agregó.

Carlos Rolero, fiscal de primera instancia que interviene en la causa de tomas de colegios, habló hoy por primera vez y aseguró que es posible que haya “comisión del delito de usurpación", en referencia a las tomas de establecimientos que realizan alumnos en la Ciudad en contra de la reforma educativa del Gobierno porteño.

"Nosotros tenemos varias causas iniciadas, por lo que entendemos será la posible comisión del delito de usurpación", dijo a TN, y agregó: "En el marco de esas actuaciones fue que comenzamos la intervención. Y a partir de ahí se empezaron a llevar adelante distintas gestiones a los efectos de abrir canales de diálogo, fundamentalmente para que quienes llevan adelante esta actitud cesen la medida". 

Ante la consulta de si van a avanzar con imputaciones penales, Rolero respondió que "seguiremos adelante. Habrá que determinar quiénes podrían ser los implicados. Hasta el momento no tenemos personas identificadas".

El fiscal agregó que "hemos llevado adelante lo que tiene que ver con posibilidades de diálogo, de abrir posibilidades de un acuerdo. En caso de que no haya ninguna posibilidad, seguiremos adelante.  Habrá que procurar determinar quiénes son los que están involucrados. Eventualmente después veremos cuáles son los pasos a seguir. No es una cuestión sencilla, ni que se pueda determinar rápidamente".

Por otro lado, el fiscal advirtió hoy que los padres pueden tener "responsabilidad penal" por la toma de colegios por parte de sus hijos, que rechazan una reforma educativa impulsada por el Gobierno porteño. "Hay que tener en claro lo siguiente: El delito de usurpación es un delito que tiene una pena de expectativa de tres años, y la edad de las personas (involucradas) es de 16 y 17 años y son imputables para este delito", planteó. "Y obviamente que esto puede originar una responsabilidad en los padres por el accionar de sus hijos, sin ningún tipo de dudas", explicó el funcionario judicial.

Respecto a la edad de los chicos que hicieron las tomas, señaló "que sean menores no quiere decir que sean inimputables. En este caso, para este delito en particular por el que se está interviniendo, las personas que tienen 16 y 17 años son absolutamente imputables".

Consultado sobre las reacciones que podrían tener los chicos ante posibles desalojos y demoras, indicó que "en general en las causas que intervenimos nosotros ninguna son sencillas. Por eso hay que intervenir con mucha prudencia y cautela". Y concluyó: "Nosotros apostamos al diálogo y a que esto termine".

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