Debate por la publicidad oficial

Vamos Juntos a pautar

El candidato de Evolución Martín Lousteau cuestionó los recursos que vuelca el Gobierno porteño a publicitarse, una de las cuentas que más aumentó desde la llegada del PRO. No obstante, las causas judiciales por presuntos desvíos de fondos nunca avanzaron y ya ni se las menciona.

Werner Pertot
“Jamás hubo acusaciones de sobreprecios, fuera de lo que puede ser una campaña donde un candidato puede decir cualquier cosa”, sostuvo el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta al responder la pregunta del periodista de la agencia estatal Télam, Enzo Moreira, quien acto seguido fue despedido. La afirmación del mandatario de que nunca tuvieron una acusación por sobreprecios en la obra pública ni con el Metrobus puede ser un tanto osada, dado que –como ya explicamos en otra columna- esas denuncias acompañan a los carriles exclusivos tanto como los conitos amarillos. Lo mismo podría decirse del debate que se está dando sobre la publicidad oficial: el candidato de Evolución, Martín Lousteau, cuestionó la prioridad que se le da a la pauta oficial en el presupuesto. Tiene razón en un punto: fue una de las cuentas que más creció. No obstante, del debate se omite las múltiples causas que se abrieron por presuntos desvíos de fondos de la publicidad, algunas de ellas motorizadas por Coalición Cívica, de la ahora oficialista Elisa Carrió.

Todo comenzó cuando Larreta le cuestionó a Lousteau que sus militantes ya hubieran empezado a empapelar la Ciudad con afiches por la campaña. El candidato de Evolución le retrucó que el Gobierno porteño gasta entre 4 y 5 millones de pesos por día en publicidad oficial y no adhirió a la reforma política nacional, para distribuir equitativamente los espacios de televisión y radio. El ex ministro de Economía terminó por denunciar el uso de la publicidad que hace Larreta ante el Poder Judicial. "El gobierno porteño va a gastar 400 millones de pesos de acá hasta octubre en publicidad que induce al voto y que no cumple con ninguna normativa moderna de publicidad oficial, que es brindar información relevante al vecino y no tener la cara de los funcionarios", afirmó el contrincante de Elisa Carrió. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia porteño rechazó tratar el tema.

Según una cuenta que en 2013 hizo el entonces dirigente del GEN, Martín Hourest, el presupuesto en publicidad pasó de ser 19 pesos por habitante en 2007 a 206 pesos por habitante en 2013.



Hay un punto en el que le asiste la razón a Lousteau: la cuenta de la publicidad no para de crecer desde que llegó el PRO a la Ciudad. No obstante, esta fue la misma práctica que llevó adelante Mauricio Macri, a quien Lousteau no critica. La publicidad oficial creció un 2375 por ciento durante los dos mandatos de Macri como jefe de Gobierno, mientras que otras partidas como Vivienda subieron en ocho años un escaso 385 por ciento, según se puede apreciar en este cuadro que en su momento elaboró en base a datos oficiales el equipo del diputado Juan Cabandié:



Según otra cuenta que hizo en 2013 el entonces dirigente del GEN Martín Hourest, el presupuesto en publicidad pasó de ser 19 pesos por habitante en 2007 a 206 pesos por habitante en 2013. En este sentido, es real lo que plantea Lousteau de que la publicidad tiene una prioridad alta para el Gobierno porteño. También es cierto que hubo una ley para acotar los usos de la publicidad oficial, que fue impulsada por la Coalición Cívica y vetada por Macri. Si esa ley estuviera vigente muchos de los usos personalistas de la publicidad no serían legales. No obstante, tanto oficialistas como opositores parecen haber preferido dejar de lado en este debate la extensa historia de causas de presunta corrupción que hay en torno a la pauta macrista.

La primera de todas es de 2008 y fue presentada por la entonces legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía y por Hernán Reyes. Denunciaron penalmente al entonces secretario de Medios, Gregorio Centurión, uno de los hombres cercanos a Macri y proveniente del Cardenal Newman. La denuncia fue por presunta malversación de caudales públicos, dado que Sánchez Andía descubrió que el entonces director de Planeamiento de Medios, Rubén Azcárate, otorgó buena parte de la pauta macrista a una serie de empresas vinculadas a él y hasta contrató a su banda de rock sinfónico. Las acciones penales contra Centurión cesaron cuando se quitó la vida. Luego hubo una segunda denuncia penal de la Coalición Cívica que se basó en unos documentos internos de la gestión PRO en los que se indicaba que los objetivos del uso del dinero público eran “Construir el posicionamiento nacional de MM” o bien “Construir el posicionamiento de MM en el área social”. MM no es Mickey Mouse: es Mauricio Macri. En esa denuncia por presunta corrupción fueron imputados Macri, Marcos Peña y el entonces secretario de Comunicación, Pablo Gaytán. Durante todo su mandato como legisladora, Sánchez Andía continuó relevando el uso personalista de la publicidad oficial que hizo Macri, algo en lo que Larreta no hizo más que continuar el camino trazado por el hoy presidente de la Nación. Sanchez Andía demostró a lo largo de varias campañas cómo coincidían los momentos de mayor gasto de publicidad oficial de la gestión (por ejemplo, sobre el Metrobus) con la campaña del PRO.

La publicidad oficial creció un 2375 por ciento durante los dos mandatos de Macri como jefe de Gobierno, mientras que otras partidas como Vivienda subieron en ocho años un escaso 385 por ciento.



Lejos de concluir allí, las denuncias se reavivaron cuando el periodista Nicolás Eisler descubrió que el candidato Fernando Niembro había facturado cerca de 23 millones de pesos al Gobierno porteño. La revelación concluyó con Niembro abandonando su candidatura en la provincia de Buenos Aires, pero ni su causa ni ninguna de las otras avanzó en la Justicia.

En 2015, me contacté con una serie de medios comunitarios que denunciaban que habían recibido mucho menos dinero que el que figuraba en la web del Gobierno porteño. Macri, en ese momento, sostuvo que se trataba de un “error de carga”, pero la masividad de medios que comenzaron a sumarse a la denuncia dejó en claro que no era así: más de 82 medios denunciaron faltantes en las cifras que recibían y la cuenta total de la plata que no se sabe adonde fue a parar alcanzaba los nueve millones de pesos.

Para completar la situación, aparecieron entre los intermediarios del manejo de ese dinero del Gobierno porteño dos empresarios mendocinos que figuran entre los aportantes de campaña de Macri. No hacía falta demasiada imaginación para entender cómo se podría haber triangulado el dinero. Así lo entendió el fiscal Federico Delgado, que impulsó la investigación sobre el Gobierno porteño. Lamentablemente, luego esa causa cayó en un cajón del tribunal del juez federal Marcelo Martinez De Giorgi, y allí continúa hasta hoy. Reitero, por si no quedó claro: plata que salía del Gobierno porteño y no llegaba a los medios comunitarios a los que supuestamente se le pagó pasaba por las manos de una agencia de publicidad que aportó a la campaña presidencial de Macri en 2015. El juez todavía no le encontró la vuelta a esa información. Carrió prefiere no recordar las denuncias que hizo su espacio político. Y Lousteau, de momento, tampoco menciona esas causas.

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