OPINIÓN

¿BA elige?

Para fomentar realmente la participación ciudadana se deben utilizar mecanismos como el Presupuesto Participativo. Esta es la herramienta constitucional que los vecinos de la Ciudad deberían utilizar para elegir y definir, cómo y en qué gastar el presupuesto que anualmente la Legislatura vota para cada Comuna.

María Súarez

Desde el Bloque de Comuneros del FpV Comuna 3 vemos con preocupación y rechazamos la implementación del programa “BA Elige”, lanzado desde el área de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del mes de abril del corriente año.

El objetivo de este programa es invitar a los vecinos de las 15 comunas a participar de la votación de “propuestas para sus barrios” vía Internet, poniendo a disposición $ 500.000.000 destinados a obras, proyectos o programas de diversa índole. En este marco se proponen acciones y obras de poca envergadura que no tienen razón alguna de ser ejecutadas por dicha partida ya que se podrían resolver vía ministerios o por las mismas comunas.

Cabe destacar, si se logra acceder a la página de inscripción para participar, que las “propuestas" están claramente direccionadas por operadores que en forma centralizada orientan las votaciones, pudiendo  interpretarse  en las mismas una acción de claro tono electoralista, ya que su mecanismo e implementación desestima absolutamente las funciones exclusivas y concurrentes de las Juntas Comunales y los Consejos Consultivos tal como establece la Ley de Comunas (1777).

Vale como ejemplo de lo que planteamos, las iniciativas que ya se pueden leer en la página de inscripción del GCBA. Entre ellas la de un “vecino/a"  cuya solicitud es la de un “detector de huellas digitales” para controlar la asistencia de los maestros de las escuelas públicas. Pueden leerse también propuestas que no tienen ningún correlato con el territorio real que las representan. Por ejemplo, se propone instalar bibliotecas en las villas de la Comuna 3,  que no cuenta con tales. O la instalación de juegos de deporte en plazas que no pertenecen a la Comuna 3. O la solicitud de  “arreglos en plazas” que no pertenecen a Balvanera o San Cristóbal, sino a la Comuna 5, como es el caso de la Plaza Almagro.

Por otra parte, el mecanismo de votación que propone Participación Ciudadana es un voto no vinculante. Es significativo que no se pueda solicitar, por ejemplo, la expropiación de bienes inmuebles para la construcción de jardines de infantes, o centros de salud, o atención a víctimas de violencia de género, recursos que si necesita nuestra Comuna.

Es importante también remarcar que todas las obras propuestas no deberán pasar por la órbita de la Legislatura de la Ciudad para su aprobación. Es imposible conocer quienes votan, si viven en los barrios de nuestra comuna y comprobar si realmente son vecinxs. Como tampoco conocer los resultados del proceso de elección de prioridades hasta que no se realice una devolución desde el área de participación ciudadana que realizará arbitrariamente la selección de  propuestas, supuestamente más votadas.

Por ello y atento que una de nuestras competencias como miembros de la Junta Comunal es ante todo respetar y hacer implementar la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y sus leyes, en particular la Nº 1777 que instituye la descentralización y participación en un gobierno local y de cercanía, es que rechazamos el programa “BA Elige” desplegado en los barrios de Balvanera y San Cristóbal así como en toda la Ciudad.

Estos mecanismos obstruyen y debilitan las competencias exclusivas y concurrentes que la Ley Nº 1777 en sus artículos 10 y 11 determina, pasando por alto una vez más a los Consejo Consultivos Comunales, órgano participativo instituido por la misma ley.

Creemos que para canalizar y fomentar realmente la participación se deben utilizar los mecanismos, organismos y ámbitos que ya están instituidos legalmente, como el Presupuesto Participativo. Esta es la herramienta constitucional que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, deberían utilizar para elegir y definir, cómo y en qué gastar el presupuesto que anualmente la Legislatura vota para cada Comuna, así como también ser el contralor de que se destine adecuadamente, según la real decisión discutida y consensuada en los Consejos Consultivos.

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