TRASPASO

Los números del encierro

Los fríos números de una realidad desoladora. Torturas, golpes y condiciones infrahumanas. El demoledor informe de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN).

Werner Pertot
 Los dispositivos penales juveniles han recibido una extensa serie de denuncias por parte de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). Dos celadores del Agote están siendo juzgados por dejar morir al Rodolfo Arancibia en 2009, mientras que la directora de ese dispositivo Lidia González, y su segunda, Luciana Paez, tienen un requerimiento de indagatoria por la muerte de Diego Borjas, de 17 años, que murió producto de las quemaduras en un incendio mientras estaba recluido en una celda de castigo.

Como forma de protestar por estar en una celda oscura de 3 x 1,8 sin baño ni agua, Borjas incendio un colchón y nadie le abrió. Le indicaron que se ocupara de apagar el incendio. Tardaron en venir con la llave y cuando lo sacaron estaba agonizando. Murió en el Hospital del Quemado. Estaba castigado con una sanción ilegal y contraria a la Convención de los Derechos del Niño, por haber supuestamente agredido verbalmente a un celador. Luego de este hecho clausuraron el sector de aislamiento del Agote.

La PROCUVIN indicó, tras una inspección, que había encontrado un “notable estado de deterioro en la infraestructura y condiciones insalubres de higiene y mantenimiento”. “Las instalaciones eléctricas son precarias y peligrosas”, anotaron. “Se encuentran cucarachas dentro de una heladera de alimentos”, apuntaron. Los jóvenes permanecen encerrados la mayor parte del tiempo. 

Un incendio en el Rocca, en el que murió otro joven de 17 años, Lucas Simone, dejó en claro que en el lugar no había ni matafuegos, ni luz de emergencia, ni elementos ignifucos, ni generador de energía. Un médico, tampoco. Las condiciones se repiten en los otros centros de detención.


La PROCUVIN también elaboró un informe que describe la cantidad de niños y niñas que están institucionalizados. En 2014, eran 511. “La mayoría (un 68%) está integrado por adolescentes de entre 16 y 17 años; el 29% tienen 14 y 15; mientras que el resto tiene  entre 11 y 13 años de edad”, indica el informe.  Según ese estudio, “nueve de cada diez internados son varones; que ocho de cada diez internaciones finalizaron en el transcurso del mismo año en que se iniciaron; y que ocho de cada diez no superan los seis meses de duración. En promedio, en 2013 las internaciones duraron 102 días, y en el 2014, 93 días". El 45% declararon vivir en la Ciudad de Buenos Aires al momento de la internación/privación de libertad.  “El 50% de las internaciones culminan en alguna institución de régimen cerrado, que un 30% de ellas transitan en regímenes abiertos y que un diez por ciento lo hacen en una comunidad terapéutica”, advirtieron.

Dentro de los establecimientos de régimen cerrado, el  San Martín fue el destino institucional de la mayoría de las internaciones (50%) de 2013, seguido por el Rocca (28%). La tercera institución cerrada con mayor caudal de internaciones del 2013 fue el Agote (19%).
Además de las formas de institucionalización, en otro informe la PROCUVIN registró las denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad contra los y las adolescentes. En el caso de estas últimas, encontraron elementos específicos de violencia contra las mujeres.

Según el ranking que elaboraron de las denuncias, la Policía Federal y la Metropolitana son las que registran más casos y se concentran, sobre todo, en el sur de la Ciudad. Casi la totalidad de las víctimas son varones (el más joven, con 10 años) y el 90% son argentinos. El 88% tenía documentos cuando los detuvieron. Entre las formas de violencia registradas, hay “simulacros de fusilamiento, uso de la picana, golpes y amedrentamientos”. Por lo general, las víctimas están solas, lo que “denota la pronunciada asimetría y subordinación en el desarrollo de hechos de despliegue institucional agresivo, donde en general actúan dos o más funcionarios contra un niño/a". El informe destaca que "la casi totalidad de las víctimas (95%) incluyó en su denuncia el haber recibido golpes al momento de su detención. Entre las modalidades de violencia denunciadas con mayor frecuencia se encuentran la utilización de las esposas como instrumento de hostigamiento y producción de dolor, sufrimiento y daño".

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