Se tensa el debate en la Legislatura por las licencias por violencia de género

Como en todos los ámbitos laborales, entre las docentes también se dan múltiples casos de violencia de género. Maestras a cargo de aulas o con distintas funciones en la escuela, que enfrentan en sus casas situaciones de agresión física o psíquica. Para enfrentarla, reponerse, pedir ayuda o lograr alejarse del violento, en muchos casos necesitan tomarse licencia. Pero, como la licencia por violencia de género aún no forma parte del Estatuto Docente en la Ciudad, se las asignan como licencias psiquiátricas. A falta de herramientas, el sistema las tilda de “locas”, igual que los violentos.

“No existe la licencia por violencia de género para docentes aunque sí hay docentes que se toman licencia por sufrir violencia de género: se la toman como licencia psiquiátrica, lo que las victimiza doblemente. Después el violento dice ‘está loca’ y su fundamento es la licencia psiquiátrica”(S), advirtió Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). El tema fue materia de debate en los últimos meses en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura porteña, adonde volverá a tratarse tras el receso. Si bien hay consenso para la incorporación de las licencias por violencia de género al Estatuto, un requisito del PRO se convirtió en factor de discordia: la (S)obligatoriedad de realizar la denuncia judicial para acceder a la licencia.

“Lo hacen por los posibles abusos que puedan hacer las docentes del uso de estas licencias. Pero nadie va a decir ‘mi pareja me pegó’ para tomarse cinco días. No es algo fácil de decir y son temas muy estigmatizadores. Ellos tienen prejuicios de patrones”, sentenció López. Y aclaró: “No queremos que vengan al sindicato a pedir un certificado, sino a cualquier organismo del Estado que se ocupe del tema. La Justicia no es accesible para todos. Por eso no necesariamente tiene que ser en una fiscalía o en una comisaría, y en un juzgado es todavía más difícil. La víctima tiene que padecer un vía crucis y si se lo puede evitar, mejor”.

Hay cinco proyectos sobre esta cuestión con estado parlamentario: dos por el oficialismo, uno de radicalismo (elaborado por Juan Nosiglia), uno del kirchnerismo (confeccionado por UTE y presentado por Lorena Pokoik) y uno de la izquierda, de Marcelo Ramal. De las iniciativas del PRO, la última fue presentada por Victoria Morales Gorleri y Lía Rueda, y admite que se otorgue la licencia con la “debida justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las víctimas” pero establece además que “en un plazo de 72 horas se deberá presentar la denuncia judicial correspondiente”, sin concesiones. “Hay una traba en ese punto. Esa restricción nos parece seria porque obliga a la mujer a judicializar su conflicto familiar, algo que debería ser una opción. Es la presentación de la violencia de género como un mero conflicto judicial o penal. Una mujer tiene que tener derecho a acogerse a la licencia por ejemplo si obtiene un certificado en un centro de atención a la víctima”, sostuvo Ramal, y criticó que desde el PRO “lo presentan no como un conflicto social sino como algo de raíces personales”. En abril, docentes de la agrupación Pan y Rosas de la Comisión de Mujeres de Ademys ya habían denunciado las postergaciones al tratamiento del tema por parte del oficialismo. Y la negativa a ceder en cuanto al requisito de la denuncia judicial también es leída en ese sentido, como una dilación más.

La licencia por violencia de género con goce de haberes fue aprobada en el último año en distintas jurisdicciones, en el marco de una mayor visibilización del tema con movilizaciones masivas bajo la consigna #NiUnaMenos. En Río Negro y Córdoba, por ejemplo, las empleadas públicas ya disponen de ese derecho y en ambos casos la denuncia judicial no es excluyente. En Río Negro, el requisito es acompañar el pedido de licencia con un “certificado que acredite la radicación de la denuncia ante autoridad competente” y “emitido por profesionales de servicios de atención públicos y de asistencia a las víctimas de violencia de género, en el que debe constar el lapso por el cual hará uso de la licencia”. En Córdoba no se obliga a presentar denuncia policial pero sí una certificación, constancia o dictamen interdisciplinario de la Dirección de Violencia Familiar o de una dependencia judicial.

Entre las distintas fuerzas políticas que integran la comisión habría consenso para aprobar un proyecto distinto al del PRO en este punto, pero la preocupación es por lo que pasará cuando llegue al recinto. “Se va a tratar en la primera semana posterior al receso. CC, FIT, FpV, todos están de acuerdo en ‘facilitarle el camino’ a la víctima. Si se juntan todos los votos se podría aprobar, y si (Horacio) Rodríguez Larreta lo veta estaremos todos en la calle”, anticipó López.